Una asamblea de trabajadores del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pidió ayer la renuncia de la presidenta del Consejo, Beatriz Orlowski, “por la ineficiencia de la gestión, por incumplimiento de las leyes de Protección Integral de Derechos de la Niñez y por la falta de respuestas a los planteos”, a la vez que anunciaron un paro y movilización para el miércoles próximo. Ese día realizarán una conferencia de prensa en la Legislatura, donde denunciarán la situación de emergencia que atraviesa el Consejo.
Las denuncias de los trabajadores son varias. Hablan de escaso presupuesto, salarios pauperizados, rotación de personal, malas condiciones edilicias para la atención de casos, tercerización de servicios, decisiones unilaterales y arbitrarias, irracional administración de fondos, desconocimiento de instancias institucionales previstas por ley e inadecuación tecnológica en servicios como la línea 102. La lista podría continuar con la suspensión de talleres sobre salud sexual y género, o con la ineficiencia en el tratamiento de las adicciones.
Además, durante esta semana surgió el episodio del sitio web Veo Veo donde estaban las recomendaciones para “combatir la mala onda” y llevar adelante una alimentación en base a “fresas y queso cheddar” y luego se quitaron. Pero ese gesto “tragicómico”, como lo catalogaron los empleados del organismo, es sólo la punta del iceberg de una de las más graves crisis institucionales de ese organismo.
“La situación del Consejo es alarmante. Las Defensorías de zona sur atienden entre 3000 y 3200 casos por mes, y es imposible hacer acompañamientos o presentaciones exigiendo el cumplimiento de tanta demanda”, agrega María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo.
Los trabajadores del organismo hablan además de condiciones de atención paupérrimas. “Hay oportunidades en las que debemos atender casos de abusos sexuales en el hall de entrada. No hay consultorios con respeto a la privacidad. Estas situaciones se terminan naturalizando, pero es una violación permanente de los derechos de los niños”, explicaron a Tiempo Argentino.
Las críticas al funcionamiento de la institución también llegaron del lado de los sindicatos. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que por el mal funcionamiento de la línea 102, las consultas que habitualmente rondan los 6000 por año tuvieron una reducción del 60% en 2010.
Por todas estas razones, legisladores de la oposición presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia de los servicios de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad.
Fragmento nota Tiempo Argentino 8-4-11
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